sábado, 23 de septiembre de 2017

Los indígenas despiertan a una Argentina que los había olvidado.

Una manifestación indígena en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en reclamo de justicia por el asesinato de Javier Chocobar, dirigente de una comunidad diaguita, en conflicto con la explotación de una cantera en el norte argentino. Crédito: Cortesía de ANDHES

BUENOS AIRES, 20 sep 2017 (IPS) - Los reclamos territoriales de cientos de comunidades indígenas, que se extienden por casi toda la extensa geografía argentina, irrumpieron sorpresivamente en la agenda pública de un país construido por y para descendientes de colonizadores y de inmigrantes europeos, acostumbrado a mirar como ajenos a los pueblos originarios.

Todo comenzó con la desaparición de Santiago Maldonado, un artesano de 28 años que el 1 de agosto participaba en la sureña y patagónica provincia de Chubut en una protesta del pueblo indígena mapuche, que fue desalojada de manera violenta por una fuerza de seguridad. Desde entonces, nada se sabe sobre su paradero.

Ese hecho movilizó a amplios sectores de la sociedad y sacó de las sombras un conflicto que en los últimos años ha provocado numerosos hechos de violencia pero al que históricamente se le ha prestado poca atención.

“El relevamiento de los territorios indígenas de Argentina ya tendría que estar hecho y hoy deberíamos estar estudiando la titulación. Tenemos que trabajar en la fuerte discriminación que no solo existe de parte de las autoridades y los principales medios de comunicación, sino también de sectores de la sociedad”: Belén Leguizamón.

“Ojalá el hecho desgraciado de Santiago Maldonado sirva para que en la Argentina se entienda que es necesario y posible encontrar soluciones legales y políticas a la cuestión indígena”, dijo Gabriel Seghezzo, director de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz(Fundapaz).

“Es imprescindible trabajar para desactivar los conflictos, porque si no la violencia va a continuar”, agregó a IPS el máximo dirigente de la organización que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que viven en la porción argentina del Chaco, el gran bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia.

Fundapaz fue una de las organizaciones que trabajó durante más de 20 años en un reclamo de territorios rurales en la provincia noroccidental de Salta, que culminó en 2014, cuando el gobierno local transfirió la propiedad de 643.000 hectáreas a las familias que las habitaban.

Se reconoció la propiedad comunitaria sobre 400.000 hectáreas a integrantes de los pueblos indígenas wichi, toba, tapiete, chulupí y chorote, mientras que las restantes se otorgaron en condominio a 463 familias campesinas criollas.

Ese suceso, sin embargo, fue apenas una excepción feliz, ya que la enorme mayoría de las comunidades indígenas del país no tienen título de propiedad sobre sus tierras.

Hace 10 años, el Estado lanzó el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, en el que se registraron 1.532 comunidades. Al día de hoy, solo 423 tienen concluido el relevamiento, aunque no cuentan con título de propiedad, y hay otras 401 que están en proceso.

Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), esas 824 comunidades reclaman que se les reconozcan como ancestrales 8.414.124 hectáreas. Es una superficie mayor a la de varios países del continente, como Panamá o Costa Rica, pero que equivale solo a aproximadamente tres por ciento de los 2.780.400 de kilómetros cuadrados del territorio argentino.

En el resto de las comunidades, ni siquiera se inició el relevamiento.

Así, el Estado argentino está en deuda con su propia Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y garantiza no sólo “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”, sino también “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Esos principios fueron incorporados a la Constitución en 1994, durante la última reforma, y marcaron un cambio de paradigma fenomenal para una nación que históricamente consideró al indio un elemento extraño, al que había que someter.

“¿Dónde está?”, es la pregunta que se repite en numerosos carteles en las paredes de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina sobre la desaparición el 1 de agosto de Santiago Maldonado, durante una manifestación en la Patagonia. Crédito: Daniel Gutman/IPS

De hecho, antes de 1994, la ley fundamental de Argentina instruía a las autoridades a “conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

Sin embargo, el extraordinario avance sobre el papel parece haber traído pocas mejoras concretas para los indígenas, cuyo peso numérico en la población argentina es difícil de establecer.

En el último Censo Nacional, en 2010, se reconocieron como pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena 955.032 personas, 2,38 por ciento de la población total registrada entonces, de 40.117.096 habitantes.

Pero se cree que los indígenas son más, ya que no todos quieren reconocerlo, debido a la histórica discriminación que han sufrido. Los pueblos originarios con mayor población son los mapuches, en el sur, los tobas, en el Chaco, y los guaraníes, en el noreste.

“Luego de la reforma constitucional que reconoció a los pueblos indígenas, hemos tenido 23 años de fracaso absoluto de las políticas públicas para resolver la cuestión indígena. Ha habido una fatal demora de todos los gobiernos que pasaron en este tiempo”, dijo Raúl Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

Para Ferreyra, “los conflictos territoriales tienen una matriz clara, que son el avance descontrolado del monocultivo de soja, en el norte del país, y la extranjerización de enormes superficies de tierra, en el sur”.

“Lo que se necesita es diálogo, pero no hay voluntad ni herramientas”, aseguró en su diálogo con IPS.

Lo sucedido con la cuestión de las tierras es un buen ejemplo de la distancia que hay entre las normas y la realidad.

En noviembre de 2006, el legislativo Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas, que estableció la “emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios indígenas” por cuatro años.

Durante ese lapso –que debía utilizarse para determinar cuáles son las tierras ancestrales de las comunidades, como paso previo a la titulación- quedaban prohibidos los desalojos, aun con orden judicial.

Sin embargo, no se avanzó en el relevamiento, a pesar de que el Congreso alargó los cuatro años del plazo original dos veces, y los convirtió en 11.

La última prórroga vence en noviembre y decenas de organizaciones sociales de todo el país han pedido su renovación hasta 2021, mientras el Congreso comenzará a debatir la suerte de la ley el 27 de este mes

El reclamo fue respaldado por cientos de intelectuales, a través de una carta pública en la que señalaron que “en la Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales con la expansión de los territorios rentables para el capital”.

De acuerdo a un estudio de la organización Amnistía Internacional, existen en el país 225 conflictos que involucran a comunidades indígenas, casi todos por cuestiones territoriales.

En 24 de ellos hubo hechos de violencia con intervención de fuerzas de seguridad, e incluso muertos. Como Javier Chocobar, dirigente de una comunidad diaguita de la también noroccidental provincia de Tucumán, por cuyo asesinato, en 2009, todavía no hay culpables.

“En todos estos años, muchos jueces han seguido ordenando desalojos de comunidades indígenas a pesar de lo dispuesto el Congreso Nacional. Por eso creemos que si la emergencia no se prorroga la situación va a empeorar”, explicó Belén Leguizamón, coordinadora del área de Derechos Indígenas de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).

A su juicio, “la ley es un paraguas con agujeros, pero un paraguas al fin”.

“El relevamiento de los territorios indígenas de Argentina ya tendría que estar hecho y hoy deberíamos estar estudiando la titulación. Tenemos que trabajar en la fuerte discriminación que no solo existe de parte de las autoridades y los principales medios de comunicación, sino también de sectores de la sociedad”, planteó a IPS.

A título de ejemplo, detalló que “en las escuelas de la Argentina se sigue enseñando que los pueblos indígenas pertenecen a un pasado que ya no existe”.


Editado por Estrella Gutiérrez

Fuente: ipsnoticias.net

viernes, 22 de septiembre de 2017

Pueblos indígenas: orgullo y resistencia.


Según Naciones Unidas, en el mundo viven 370 millones de indígenas en unos 90 países. Sobreexpuestos a la explotación y la pobreza, son también depositarios de saberes ancestrales y guardianes de la diversidad cultural y la naturaleza, con la que mantienen una relación privilegiada.

lEl pasado 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en su casa de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Berta era una líder indígena y una activista medioambiental muy reconocida. El año anterior había obtenido el premio Goldman, una especie de Premio Nobel medioambientalista; organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional respaldaban su lucha contra distintos proyectos industriales y mineros que amenazaban el modo de vida del pueblo lenca, al que pertenecía, y el liderazgo de Berta se extendía más allá de este pueblo, pues era cofundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), una organización que coordina diversos movimientos indígenas hondureños.

Ni siquiera esa notoriedad la salvó de la muerte. Su nombre se unió al de una demasiado larga lista de activistas sociales asesinados en Honduras, un país tan pequeño como violento. Entre los acusados por el crimen figuran personas vinculadas tanto a las fuerzas de seguridad hondureñas como a las empresas implicadas en la construcción de la presa de Agua Zarca, el último megaproyecto que amenaza la supervivencia de su pueblo al que se opuso.

A finales del mes de junio, la ONG indigenista Survival International anunciaba que Bari Pidikaka,líder del pueblo indígena dongria kondh había fallecido mientras permanecía en custodia policial. Bari estaba arrestado desde octubre de 2015. Regresaba de una protesta contra la refinería que la compañía minera Vedanta Resources tiene en sus territorios ancestrales en India central. Los dongrias llevan años luchando contra dicha refinería y denuncian sistemáticas “intimidaciones, secuestros e ilícitos encarcelamientos” por parte de la policía estatal que -aseguran- “promueve los intereses” de la compañía británica.

Los casos de Cáceres y Pidikaka no son más que un ejemplo de la presión, el acoso y la violencia a la que se ven sometidos los pueblos y líderes indígenas en todo el planeta. En la reciente reunión de la Iniciativa Interreligiosa para Salvar los Bosques Tropicales que el Gobierno noruego organizó en Oslo, la líder indígena brasileña Sonja Guajajara, denunciaba que “todos los días luchamos contra los ataques del Estado brasileño, las hidroeléctricas, las empresas mineras, las madereras, contra la extensión de los ferrocarriles...”. En esa misma cita, Victoria Tauli-Corpuz, líder indígena del pueblo kankanaey lgorot de la región de La Cordillera en Filipinas y Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aseguraba: “se nos amenaza por proteger los bosques. Nuestros derechos son violados y socavados”. Un reciente informe de las ONGs Amnistía Internacional y Front Line Defenders (Defensores en la Línea del Frente), aseguraba que en 2016 fueron asesinados 281 activistas de derechos humanos en todo el mundo. Cerca de la mitad trabajaban sobre problemas de tierras, territorio y medio ambiente, y entre ellos había muchos pertenecientes a pueblos indígenas.
Hablar de los pueblos indígenas tiene especial sentido en 2017, pues en septiembre se cumplirán 10 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración suponía un reconocimiento de alto rango por parte de Naciones Unidas de estos derechos, hasta entonces únicamente defendidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. La declaración de 2007, aprobada tras largos años de debate, establecía, entre otras muchas cosas, los derechos de los pueblos indígenas a “vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos”; a “no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura”; a “participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos” y a “determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo”.

Éste último es un argumento muy importante. Como explica Survival Internacional, los indígenas y quienes apoyan su causa no están “en absoluto” en contra del progreso. Son bien conscientes de que “las sociedades cambian continuamente”, pero estiman que “el futuro de los pueblos indígenas debería ser decidido fundamentalmente por ellos mismos. El desarrollo que destruye a los pueblos no es verdadero progreso”. Especialmente si destruye a pueblos cuyos conocimientos, culturas y tradiciones contribuyen “al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente”, tal y como reconoce la Declaración de Naciones Unidas.

Esa contribución de los pueblos indígenas a la preservación de la naturaleza es incontestable. En el plano práctico y en el teórico. “Para los que vivimos en bosques tropicales, los árboles, las plantas, animales y microorganismos son miembros de nuestra comunidad”, aseguraba Tauli-Corpuz en Oslo. En ese mismo encuentro, Joseph Itongwa, miembro del Comité de Pueblos Indígenas de África, aseguraba que “a mí no me han enseñado el valor de los árboles en el colegio. Desde niños aprendemos su valor para nuestra su supervivencia. Producen todo lo que necesitamos. Tenemos una relación de respeto hacia la naturaleza. Cortar un árbol es como cortar nuestra identidad”.

El Acuerdo de París para la lucha contra el Cambio Climático reconoce el saber tradicional de los pueblos indígenas como una potente herramienta para la preservación del medio ambiente. Claudio Bombieri, un sacerdote comboniano que trabajaba con indígenas en Maranhão, Brasil, aseguraba hace ya unos años que los pueblos indígenas tienen mucho que enseñar a la sociedad occidental: “ellos tienen una sociedad basada en el ser y no en el tener, y su sola existencia nos propone un modelo de sociedad totalmente distinto al nuestro, basado en el consumo”. El papa Francisco, en su visita a Chiapas en febrero de 2016 aseguró que los pueblos indígenas “saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano”.

Sin embargo, como señalaba el Papa, estos pueblos indígenas han sido “muchas veces, de modo sistemático y estructural, incomprendidos y excluidos de la sociedad”. El cóctel que propicia esa exclusión está hecho de una mezcla de ignorancia y de interés que les impuso los calificativos de atrasados, salvajes o inferiores. Desde que los pueblos originarios de América, África y Asia entraron en contacto con los grandes imperios africanos, americanos y, sobre todo, europeos, su historia ha sido una historia de lucha y resistencia, por un lado, y de explotación y sometimiento por otra. Tan solo en América, los pueblos indígenas han sido usados como mano de obra barata en las minas de plata de Potosí, en las plantaciones de caucho de la Amazonía, en las haciendas del altiplano andino. A menudo, la explotación ha revestido la forma específica de esclavitud que incluso hoy persiste en regiones apartadas de algunos países como Brasil.

Así lo señala el informe El mundo indígena 2017, de la ONG Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, en sus siglas inglesas), que asegura que “a pesar de algunos logros alentadores, la realidad cotidiana de las comunidades indígenas a nivel local está sometidas a grandes presiones”. Los principales desafíos a los que estos pueblos se enfrentan “siguen relacionados con el reconocimiento y la implementación de sus derechos colectivos a tierras, territorios y recursos”.

Así, en Tanzania, los pueblos dedicados al pastoreo fueron expulsados de varios distritos de la región de Morogoro, en donde se quiere establecer una Zona de Caza Controlada. Indígenas participando en las protestas por el atropello han sido arrestados y detenidos sin juicio. En el Cercano Oriente, la situación de los refugiados beduinos palestinos que viven bajo total control militar israelí es desesperada. Este pueblo de pastores nómadas cuya cultura está siendo “deliberadamente erosionada” es cada vez más pobre y vulnerable. En Rusia, las organizaciones de los pueblos indígenas sufren cada vez más para poder llevar adelante su trabajo, pues son consideradas por el Gobierno como agentes externos, lo que provoca “acoso, persecuciones e interrogatorios de activistas”.

A esta realidad de muerte y negación los pueblos indígenas oponen muchas veces tan solo su fiero orgullo y su ardiente deseo de preservar su identidad. De ese deseo han nacido los logros que, luchando por cada palmo de territorio de presencia e influencia social han conquistado: representación política en parlamentos (Afganistán, Burundi, Jordania, Líbano, Nepal o Nueva Zelanda, entre otros), aprobaciones de leyes de tierras que contemplan su régimen de propiedad colectiva, o el fin de grandes proyectos de extracción e infraestructura para los que no habían dado su consentimiento.
Esas buenas noticias para ellos son buenas noticias para todos pues demuestran que es posible resistir y vivir de otra manera, obviando un modelo económico global que descarta a las personas. •

Agradecemos a la ONG Survival International (www.survival.es) su colaboración en la elaboración de este reportaje, especialmente por permitirnos contar con los recursos de su archivo fotográfico.

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Fuente: 21Rs.es

jueves, 21 de septiembre de 2017

La brecha social crece con 58.000 nuevos ricos y 1,4 millones de pobres en cuatro años.


(PUBLICO)

El patrimonio del 0,4% de la población supera en valor el 50% del PIB, mientras las rentas bajas se desploman y 5,4 millones de contribuyentes ingresan ya menos de 6.000 euros al año.
La crisis económica ha sido, y sigue siendo, un buen terreno de negocios para una minoría mientras amplias capas de la población sufren el desgarro social derivado de la cada vez más intensa tendencia a la concentración de la riqueza: la afloración de más de 58.000 nuevos ricos en los mismos cuatro años en los que más de 1,4 millones de personas han pasado a ingresar menos de 6.000 euros anuales da fe del ritmo al que se abre la brecha social en un país que está batiendo sus propios récords de desigualdad, con las cotas de creación de riqueza y de extensión de la pobreza en niveles máximos de manera simultánea .

Los datos del Impuesto de Patrimonio revelan cómo en solo cuatro años, de
2011 a 2015, la cifra de contribuyentes españoles que poseen entre 1,5 y seis millones de euros ha pasado de 39.810 a 50.738, mientras los que superan esa cifra, equivalente a mil millones de las antiguas pesetas, lo ha hecho a un ritmo más intenso al pasar de 4.717 a 6.480.

Suman 12.691, aunque, en realidad, la nómina de millonarios que declaran su fortuna al fisco ha aumentado más. Las estadísticas de la Agencia Tributaria oscurecen ese dato con su división por tramos, aunque la propia gestión del impuesto, que grava a quienes poseen un acervo mobiliario (acciones, seguros) e inmobiliario superior a los 700.000 euros, con una exención de hasta 300.000 por la vivienda habitual, revela que la cifra de ricos que lo declaran ha crecido un 44% en esos cuatro años, en los que ha pasado de 130.216 a 188.680; es decir, 58.464 más.

Ese aumento de los ricos ha ido paralelo con una mayor concentración de la riqueza. Los 130.216 declarantes de este tributo en 2011 suponían el 0,27% de la población estatal y poseían bienes por valor de 430.668 millones que equivalían al 40,2% del PIB. Los 188.680 registrados cuatro años después son el 0,4% del censo, mientras su patrimonio conjunto de 582.612 millones ya alcanza el 53,9% del Producto Interior Bruto.

Caen las rentas bajas, repuntan las medias y altas

Y esa concentración ha sido simultánea a un corrimiento a la baja de las rentas en los estratos menos pudientes del país, los que aglutinan a los más de doce millones de contribuyentes que perciben menos de 20.000 euros al cabo del año, y que suponen dos terceras partes del total. Son los mileuristas, ya que se trata de ingresos brutos en el caso de los salariales, y los inframileuristas. El efecto es especialmente intenso entre quienes ingresan menos de 6.000 euros al año, que entre 2011 y 2015 pasaron de manera progresiva de ser cuatro millones de personas a 5,4.

Ese aumento de 1,4 millones de contribuyentes en ese tramo indica una extensión todavía mayor de los niveles de pobreza, cuyos umbrales de 2015 estaban oficialmente fijados en 8.010 euros para los hogares unipersonales y en 16.823 para los de dos adultos y dos niños, en los que, llevan años cayendo ciudadanos de los escalones de renta inmediatamente superiores al anterior: 1,3 millones de personas han desaparecido del tramo de 6.000 a 12.000 euros y 479.119 han salido del siguiente, el que va de esa cifra a los 20.000.

Esos movimientos, que se producen mientras la cifra de contribuyentes permanece estabilizada en torno a los 19,4 millones, van paralelos a una leve recuperación de las clases medias, ya que las rentas de 20.000 a 60.000 euros han pasado de llegar a 5,9 millones de personas a alcanzar a 6,25 millones (un 5% más), mientras las más elevadas, las que superan esa cota, repuntaban un 0,34% para alcanzar las 687.904.

Este cuadro indica que la concentración de la riqueza se está produciendo de una manera simultánea al desplome de las rentas bajas, en las que cada vez más gente ingresa menos dinero, y a una mejora de las medias y altas. Y pone de manifiesto, como ya hicieron hace unos meses dos organismos tan antagónicos como el Consejo Económico y Social (CES) y la Airef (Autoridad Fiscal Inependiente), la escasa efectividad del sistema redistributivo español.

Patrimonio, un tributo de ida y vuelta

El Impuesto de Patrimonio, reducido a cero en 2007, cuando la economía española y el Estado cabalgaban a lomos de una burbuja inmobiliaria a punto ya de estallar, recuperado por Rodríguez Zapatero en 2011 y mantenido por Mariano Rajoy, es un tributo que grava la tenencia de bienes muebles e inmuebles y que el Estado recauda junto con el IRPF para traspasar los fondos a las comunidades autónomas. Su recaudación, no obstante, cayó en picado con las rebajas aplicadas en la recuperación de 2011, cuando, con 739 millones, su aportación se quedó por debajo de la tercera parte de los 2.360 de 2007. Los 981.498 declarantes de entonces cayeron a 130.216, de los que 27.919 (21,4%) quedaron exentos de pagar.

Hoy, mientras comunidades como Madrid lo tienen en la práctica abolido con una cuota cero, solo tributan 163.499 de los 188.680 declarantes, mientras los otros 25.231 (13,3%) se libran de hacerlo. Y las exenciones reducen a la mitad las bases a liquidar. En algunas ocasiones se ha señalado el aumento de ricos que declaran en el Impuesto de Patrimonio como uno de los efectos de la amnistía fiscal de 2012 y el posterior goteo de bienes localizados en otros países que comenzaron a aflorar mediante el llamado “modelo 720”. Sin embargo, las cifras no cuadran: al proceso impulsado por el ministro Cristóbal Montoro se acogieron 31.500 evasores, y el aumento de contribuyentes alcanzó los 47.556 ese año, a los que se sumaron otros 4.589 en 2013. Y el crecimiento continuó en los dos siguientes, con 2.833 y 6.174.

¿Quién y qué paga?

El grueso de ese más de medio billón de propiedades de los ricos oficiales que tributan por serlo se concentra en los bienes de tipo mobiliario, con 442.447 millones de euros distribuidos entre 293.374 en acciones (50.774 en bolsa), 83.120 en sicav, 52.607en depósitos bancarios y 13.344 en deuda pública. Otros 102.565 son propiedades inmobiliarias, el 96,5 de ellas (98.705 millones) urbanas. Y el resto se reparte entre 11.309 bienes afectos a actividades económicas, 10.623 en seguros y rentas vitalicias y 1.176 en los llamados bienes suntuarios, en los que se suman 659,8 en joyas y 516,3 en obras de arte y antigüedades, mientras el capítulo de “otros” suma 14.491.

Más ricos en Catalunya, más barato en Madrid

Más de la tercera parte de los declarantes del Impuesto de Patrimonio (Navarra y País Vasco no entran en la estadística) tiene su domicilio fiscal en Catalunya, donde hay 72.716 que, con una media de 2,37 millones, suman 168.528, más de un tercio también de las propiedades. Le siguen por número la Comunitat Valenciana, con 18.509 y una media de 2,93, y Andalucía, con 15.888 y un patrimonio medio de 3,087 millones.

No obstante, es en Madrid, que aplica una cuota cero con la que en la práctica nadie paga, donde se concentran las mayores fortunas: 16.977 declarantes con un patrimonio medio de 8,54 millones que suma un total de 150.325. En 2015, los 15.790 a los que la declaración les habría salido a pagar en cualquier otra comunidad se ahorraron 796,7 millones, a 50.461 euros por cabeza.

Así, no es de extrañar que, mientras la competencia fiscal entre comunidades y los pleitos por ese motivo aumentan un año tras otro, el traslado de domicilios fiscales de potentados a Madrid sea constante: su censo aumentó en 2.092 en cuatro años.

Fosilización política, tijera legal. Un proyecto de recortes democráticos con la excusa catalana

“Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político”.
(Daniel Bernabé, la marea, 18-9-2017)
Cuando Rajoy compareció en rueda de prensa el pasado jueves 7 de septiembre, tras la aprobación de la ley catalana del referéndum, la situación parecía favorable para el presidente. Con el Tribunal Constitucional y el Gobierno funcionando a bloque sus palabras, de tono sereno y coartada sensata, le hicieron vencedor en la representación de la legitimidad frente a un Parlament que estaba atravesando unas sesiones confusas y atropelladas. Sin embargo, tras la multitudinaria Diada el escenario ha ido cambiando progresivamente, pasando la excepcionalidad del órgano legislador catalán al Gobierno central. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, dijo Rajoy el viernes 15 en la reunión de la directiva del PP de Cataluña, “no subestimen la fuerza de la democracia española”.
Este cambio de escenario no es más que el resultado de la postura inamovible del PP y sus socios, la de judicializar un problema político sin ofrecer ningún tipo de salida negociada a la situación, dejando el trabajo de despacho en manos de columnistas incendiarios, jueces salvapatrias y agentes del Instituto Armado. La legalidad, como es obvio, permanece a salvo, hermética al presente, mientras que la legitimidad se desliza hacia un referéndum, que aun teniendo una validez técnica simbólica, ya ha conseguido su objetivo: el de crear una crisis de Estado que sirva de contrapeso para una futura negociación. Al menos en teoría.

Como ya señalé en el artículo de hace un par de semanas, Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España, la cuestión catalana traspasaría sus límites geográficos llevando al resto del país debates en torno al Estado de derecho, a la naturaleza de la legalidad y los límites de la política institucionalizada. Pero también pondría de manifiesto, como así está siendo y así va a ser, el proyecto de restauración reaccionaria que la clase dirigente tiene para reformular España y barrer, definitivamente, el espíritu constituyente del periodo anterior, sus expresiones electorales y asociativas, así como el justo clima de ilegitimidad de un gobierno salpicado por la corrupción y que lo es, recordemos, gracias a un descabezamiento de la dirección, ya renacida, del PSOE. La lectura de la derecha es sencilla: la coyuntura catalana nos obligará a utilizar recortes democráticos, por lo tanto, ¿para qué quedarnos tan solo en un lugar y un momento concretos?

Ya estamos viendo los primeros resultados de tal operación. La casi segura intervención de las finanzas de la Generalitat, la amenaza de la fiscalía a los más de 700 alcaldes (de un total de 947) que van a colaborar con el referéndum, la ambigua advertencia del Constitucional a TV3 donde los límites entre información y apoyo al 1-O son poco claros y los registros de la Guardia Civil a publicaciones e imprentas sospechosas de imprimir cartelería y papeletas. El 155 planea como una guadaña sobre las espaldas de Puigdemont y Junqueras, pero sobre todo de una sociedad catalana que, si antes de este momento ya contaba con un sector notable que se declaraba independentista, favorable al derecho a decidir o simplemente dolido por lo que consideraban un reiterado menosprecio a su sentimiento nacional, ahora ve que sus miedos se convierten en certezas.

Fuera de Cataluña han sido dos, por el momento, los actos suspendidos por decisión judicial, uno en Madrid, el pasado día 12, y otro en Vitoria, el viernes 15. Este último fue interrumpido por la Policía Local de la capital vasca a instancias del juzgado tras la denuncia de Delegación del Gobierno cuando ya estaba en marcha, teniendo que abandonar la sala el público asistente y la ponente, Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que declaró que “el derecho de libertad de expresión y de manifestación están amenazados”. El acto en Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo en el Teatro del Barrio, iba a celebrarse en un principio en un local municipal. Esta fue una de las razones que el juez Yusty Bastarreche utilizó para obligar al consistorio madrileño a no ceder el espacio: la de que una dependendencia municipal debe servir a los intereses generales de la ciudadanía. El auto, además, interpretaba que si el referéndum había sido declarado ilegal por el Constitucional, un acto, supuestamente de apoyo al mismo, también lo era.

Podemos poner en duda la parcialidad de un juez declaradamente hostil a la alcaldía madrileña, a la que calificó de tropa de aspecto poco presentable, y al proceso soberanista catalán, ya que era firmante de un manifiesto contrario al mismo. Podemos volver a los debates circulares sobre el Estado de derecho como ente ideal. Incluso, hipotéticamente respetuosos con las leyes y contrarios a la independencia de Cataluña, mirar para otro lado considerando estas prohibiciones un mal necesario que se desprende de un conflicto mayor. O tener memoria.

El cierre del periódico Egunkaria en 2003 y la acusación a su directiva de colaboración con banda armada pasaron de puntillas por la sociedad española, incluso por la más progresista, que atemorizada de criticar la medida para no ser tachada de simpatizante de ETA, calló en su mayor parte. En 2010, la propia Audiencia Nacional absolvió a los acusados sentenciando que: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”. Episodios de esta índole, si el camino no se corrige, van a volver a tener lugar no solo en Cataluña sino en cualquier parte del país, independientemente de tener que ver o no con el referéndum.

El poder, si es efectivo, no requiere de recordatorios. De hecho, el poder de un Estado es más notable cuanto menos tiene que utilizar sus sistemas coactivos, bien por la connivencia de sus gobernados, bien por el temor de estos a las consecuencias. Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político. Y en último término no ya la debilidad de este Gobierno concreto, sino del propio Régimen que se ha mostrado incapaz de articular una solución territorial definitiva, de defender la soberanía del tan citado pueblo español frente a la Troika o de funcionar sin una corrupción generalizada que, por cierto, afecta de igual forma al ya lejano oasis catalán.

Tratar la cuestión catalana como un simple problema de legalidad, de orden público, puede tener que ver con cierta ceguera táctica (la misma que creó esta situación en parte), pero sobre todo tiene que ver con un proyecto, con un modelo político regresivo que entiende las leyes desde una visión de clase, no confesable pero desacomplejada. Una visión que sabe que las leyes, más allá de su intencional espíritu de equidad, son producto de correlaciones de fuerza, de situaciones de poder cambiante entre actores sociales con intereses contrapuestos. Claro que existen normas que parten de una necesidad cotidiana y son de un uso común y casi lógico (como el ya terco ejemplo del semáforo), como hay otras muchas que son la plasmación de un interés ideológico o una necesidad de un grupo social con poder para imponerlas. Tratar de hacer pasar este tipo de leyes por una especie de tablas sagradas grabadas por Dios en el monte Sinaí es de una arbitrariedad pasmosa.

En general, en los momentos de la mal llamada paz social, es decir, las etapas en que las clases dirigentes imponen su políticas sin una oposición firme, son precisamente las leyes más cotidianas las que se ponen en cuestión (el botellón, la limitación de velocidad o alcohol en la conducción) en debates tan desesperantes como estériles. Es en los procesos de conflicto estructural cuando los que nunca ven su voluntad y necesidades reflejadas en las leyes buscan que así sea, provocando avances políticos que quedan plasmados en el cuerpo jurídico, no por la buena voluntad de los de arriba, sino por la irrefrenable demanda de los de abajo. No hace tanto divorciarse o abortar estaba prohibido en España y, efectivamente, las que luchaban para que así fuera estaban planteando algo, obviamente, ilegal. Que nuestra Constitución apellide al Estado de social responde a una correlación de fuerzas de un momento histórico, que se reformara esa Constitución para introducir el 135, una cláusula neoliberal, a otra.

Con la cuestión nacional ocurre lo mismo, pueden consultar cuál era el contexto en 1978, qué significaban los militares, el café para todos, el balancín de Suárez o las manifestaciones populares no solo en Cataluña, Euskadi o Galicia sino también en Andalucía. Utilizar la Constitución como un ariete y a los tribunales como mariscales de campo para resolver un problema político real en el que ya están inmiscuidas amplias capas sociales es una insensatez. A no ser que lo que se pretenda no sea solucionar el problema en Cataluña, sino eliminarlo, y de paso aprovechar la excepcionalidad para seguir un camino involucionista en España.

Lo que no es legal no es democrático, ha dicho Rajoy, a lo que el veterano exdiputado comunista Alcaraz ha contestado, lo que no es legal no es democrático: la institucionalización fosilizada de la política.

viernes, 8 de septiembre de 2017

La racionalidad perversa y su capacidad infinita de matar


“La exclusión de la población, la subversión de las relaciones sociales y la destrucción de la naturaleza, todo esto no es producto de una maldad, sino de una racionalidad perversa. Un malvado es capaz de matar a mil personas, pero termina fastidiado, y muchas veces se suicida. Pero alguien que opera con una razón instrumental, mata a millones y no tiene problemas. Tiene capacidad infinita de matar. Es la racionalidad de nuestra sociedad la que produce las irracionalidades “.(Hinkelammert: libro “Teología profana y pensamiento crítico”, Clacso 2012 página 146).

Citamos solo tres realidades,amenazadas de muerte que la humanidad acepta “con indiferencia y buena conciencia”.
Primero: la pobreza extrema y el abismo creciente entre pobres y ricos.
Nuestras ciudades se llenan de indigentes y los tuguriospueblan zonas
importantes de nuestras ciudades. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres
cada vez más pobres.Todo esto es exclusión e iniquidad que se busca ocultar.
No puedo dejar de citar una parábola de Jesús:
“Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada
díafiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo
a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la
mesa del rico; además, hasta los perros venían y le lamían las llagas: (Lucas 16,
19-21. Sería necesario leer el texto completo: vv. 22-31)

Segundo: realidad trágica delos migrantes y refugiados. Hasta julio del 2017 salieron hacia el mediterráneo alrededor de 200 mil migrantes y murieron unos 2.400. Hace poco 300 migrantes fueron tirados al mar y se suprimieron 3 buques de rescate. En el movimiento migratorio han desaparecido 10 mil niños no acompañados. Que posiblemente son víctimas de la trata, del comercio de órganos y víctimas del abuso sexual. No damos más información, porque es abundante en las publicaciones de la OIM (organización internacional de los migrantes) y en cantidad de otros documentos. Lo importante es afirmar que sobrevivir no es un delito.

Tercero: la destrucción extrema y casi final de la tierra. Aquí me remito a las publicaciones últimas de nuestro hermano Leonardo Boff. Uno de sus últimos artículos:”La tierra en números rojos, el ser humano, Satán de la Tierra”(2017 agosto 15) . En Koinonía página Boff.

Carta de Pablo a los Efesios (6.12)
“Nuestra lucha no es contra la sangre y la carne,
sino contra los principados, potestades y poderes de este mundo de tinieblas,
y contra las fuerzas espirituales de la maldad, que están por encima de todo”.

Pabloen esta carta distingue en la violencia tres dimensiones:
los sujetos directamente responsables de la violencia,
las estructuras que organizan y multiplican la violencia, y
la las fuerzas espirituales perversas que laslegitima.

Los que han sufrido la violencia, conocenbien a los sujetos y a las estructurasde la violencia que han sufrido, pero esa racionalidadperversa que laslegitima, no se hace visible, queda en la oscuridad.
Esto significa que la lucha contra la violencia y la iniquidad no es tanto contra los sujetos y las estructuras de la violencia,sino contra las fuerzas espirituales, trascendentes y sobrenaturales de la violencia y la iniquidad.
Una fuerza es el fetichismodel dinero, del mercado y de la economía en general. El fetichismo o idolatría nace cuando las cosas se transforman en dios, y dios se transforma cosa. Cuando Diosmuere y vive transformado en dinero.El fetichismo del dinero y del mercadoes lo que domina al ser humano, y determina como y que se puede comprar o vender. El fetichismo del dinero tiene capacidad infinita de matar, cuando es la racionalidad absoluta del crimen.

Otro dios muy peligroso es el neoliberalismo. La Iglesia mucho tiempo pensó que satanás era el “comunismo”, hasta que se convenció que satanás es el neoliberalismo, transformado en un dios todopoderoso.
El neoliberalismo tiene como un absoluto el dinero.Lo que distingue a las personas es la suma de dinero que dispone cada uno. Se mide el éxito de una empresa o de un empresario por el dinero que maneja. Para acumular dinero, todo es legítimo: necesidad de pagar sueldos bajos, y no darle mucha importancia al cuidado de la naturaleza. El dinero está sobre todo: esta sobre la ley y la propiedad. El dinero es más importante que la vida de los pobres y de la naturaleza. El dinero incluso está sobre los “Derechos Humanos”. Un presidente de los Estados Unidos dijo: “perdimos la guerra de Vietnam por respetar demasiado los Derechos Humanos”. También un empresario fracasa si paga salarios altos y cuida demasiado a la naturaleza.
Lo que interesa al neoliberalismo no es la humanización, sino la comercialización y la ganancia. También considera la naturaleza (agua, tierra, vida natural) y la misma vida humana como capital negociable.

Resumiendo: el fetichismo del dinero, del mercado y del capital,y esos poderes espirituales y trascendentes de la maldad, es lo que permite matar a millones sin problemas, y que tiene capacidad infinita de matar. Diferente es un malvado o una estructura perversa, que tiene un poder muy limitado de matar, pues matando se destruye a sí mismo.

Algunas citas de la“Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium” del papa Francisco, que clarifica lo que decimos.
Citamos solo algunos textos dentro de los números 52-60
“Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir«no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil”.

“No a la nueva idolatría del dinero, el fetichismo del dinero, la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo.”.
“Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. Intereses del mercado divinizado”.
“No a la inequidad que genera violencia”
“Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia”.

Para terminar (número 202)
“Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales.”

, agosto 2017pablorichardg@yahoo.com

miércoles, 6 de septiembre de 2017

El miedo: enemigo de la alegría de vivir.


Leonardo Boff

Hoy en el mundo, y en Brasil, las personas están angustiadas por el miedo a asaltos, a veces con muertes, balas perdidas y atentados terroristas. Los realizados recientemente en Barcelona y Londres, provocaron un miedo generalizado, por más que haya habido demostraciones de solidaridad y manifestaciones pidiendo paz.
Yendo más al fondo de la cuestión, hay que reconocer que esta situación generalizada de miedo es la consecuencia última de un tipo de sociedad que ha puesto la acumulación de bienes materiales por encima de las personas y ha establecido como valor principal la competición y no la cooperación. Además ha elegido el uso de la violencia como forma de resolver los problemas personales y sociales.
La competición debe distinguirse de la emulación. La emulación es buena, pues trae a la superficie lo que tenemos de mejor dentro de nosotros y lo mostramos con sencillez. La competición es problemática, pues significa la victoria del más fuerte de los contendientes, derrotando a todos los demás, lo cual genera tensiones, conflictos y guerras.



En una sociedad donde esta lógica se hace hegemónica, no hay paz, sólo armisticio. Siempre existe el miedo a perder, perder mercados, ventajas competitivas, ganancias, el puesto de trabajo y la propia vida.
La voluntad de acumulación también produce ansiedad y miedo. Su lógica dominante es ésta: quien no tiene, quiere tener; quien tiene, quiere tener más; y quien tiene más dice: nunca es suficiente. La voluntad de acumulación alimenta la estructura del deseo que, como sabemos, es insaciable. Por eso, necesita garantizar el nivel de acumulación y de consumo. De ahí resulta la ansiedad y el miedo a no tener, a perder capacidad de consumir, a descender en status social y, por fin, a empobrecerse.

El uso de la violencia como forma de solucionar los problemas entre países, como se mostró en la guerra de Estados Unidos contra Irak, se basa en la ilusión de que derrotando al otro o humillándolo conseguiremos fundar una convivencia pacífica. Un mal de raíz, como la violencia, no puede ser fuente de un bien duradero. Un fin pacífico demanda igualmente medios pacíficos. El ser humano puede perder, pero jamás tolera ser herido en su dignidad. Se abren heridas que difícilmente se cierran y sobra rencor y espíritu de venganza, humus alimentador del terrorismo, que victima tantas vidas inocentes como lo hemos visto en muchos países.

Nuestra sociedad de cuño occidental, blanca, machista y autoritaria ha elegido el camino de la violencia represiva y agresiva. Por eso anda siempre metida en guerras, cada vez más devastadoras, como en la actual Siria, con guerrillas cada vez más sofisticadas, y con atentados cada vez más frecuentes. Detrás de tales hechos existe un océano de odio, amargura y deseo de venganza. El miedo flota como un manto de tinieblas sobre las colectividades y sobre las personas individuales.
Lo que invalida el miedo y sus secuelas es el cuidado de unos a otros. El cuidado constituye un valor fundamental para entender la vida y las relaciones entre todos los seres. Sin cuidado la vida no nace ni se reproduce. El cuidado es el orientador previo de los comportamientos para que sus efectos sean buenos y fortalezcan la convivencia.

Cuidar a una persona es involucrarse con ella, interesarse por su bienestar, sentirse corresponsable de su destino. Por eso, todo lo que amamos también lo cuidamos y todo lo que cuidamos también lo amamos.
Una sociedad que se rige por el cuidado, cuidado de la Casa Común, la Tierra, cuidado de los ecosistemas que garantizan las condiciones de la biosfera y de nuestra vida, cuidado de la seguridad alimentaria de cada persona, cuidado de las relaciones sociales para que sean participativas, equitativas, justas y pacíficas, cuidado del ambiente espiritual de la cultura que permite a las personas vivir un sentido positivo de la vida, acoger sus limitaciones, el envejecimiento y la propia muerte como parte de la vida mortal, esta sociedad de cuidado gozará de paz y concordia necesarias para la convivencia humana.

En momentos de gran miedo, ganan especial sentido las palabras del salmo 23, aquel de “el Señor es mi pastor y nada me falta”. El buen pastor asegura: “aunque pases por el valle de sombra de la muerte, no temas porque yo estoy contigo”.
Quien logra vivir esta fe se siente acompañado y en la palma de la mano de Dios. La vida humana gana ligereza y conserva, incluso en medio de riesgos y amenazas, una serena jovialidad y alegría de vivir. Poco importa lo que nos suceda, sucede en su amor. Él sabe el camino y lo sabe bien.

* Leonardo Boff es articulista del JB online y ha escrito El Señor es mi pastor: consuelo divino para el desamparo humano, Sal Terrae 2005.
Traducción de Mª José Gavito Milano