Servindi, 01 de julio, 2011.- Sacerdotes, religiosas, laicos (as) y diversas instituciones del ámbito de la diócesis de Puno piden que se haga justicia a favor de los fallecidos y heridos en los sucesos del 24 de junio en Juliaca.
El incidente dejó “30 heridos de bala y perdigones, algunos de los cuales quedarán lisiados de por vida”, detalla el documento.
Por ello piden que “estas muertes y graves agresiones contra la vida no pueden quedar impunes” y “que el gobierno central debe responder judicialmente”.
“También tienen que responder judicialmente la policía y los militares. Los huelguistas y sus dirigentes tienen que asumir sus responsabilidades y revisar autocríticamente su actuación en este fatídico 24 de junio”, agregan.
Asimismo, indican que constataron el reclamo constante de la contaminación causada por la minería “seminformal” e informal a la cuenca del río Ramis en perjuicio de las poblaciones.
“Constatamos que los habitantes de la cuenca del río Ramis desde hace años han venido reclamando pacíficamente ante el gobierno central una acción efectiva frente a la minería semiformal e informal que ha contaminado sus campos, sus animales y sus propias vidas” señalan los párrocos.
“Al hacer este reclamo ellos están también pidiendo por la salud de todos nosotros, pues esa contaminación llega hasta el lago Titicaca y afecta los alimentos y el agua que consumimos en la región”, enfatizan en el documento.
Además, denuncian que “el gobierno de Alan García, no tomó en serio estas peticiones, llevó una política pro-minera, no cumplió los pactos acordados y dejó pasar el tiempo hasta que estalló el conflicto, como también ocurrió en Moquegua, Bagua e Islay”.
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Tiempos de dolor y de esperanza
Frente a los luctuosos sucesos del 24 de junio en Juliaca, sacerdotes, religiosas, laicos (as) comprometidos(as) y diversas instituciones del ámbito de la diócesis de Puno, consideramos nuestro deber evangélico pronunciarnos públicamente. Nuestra primera palabra es de condolencia a los familiares de los cinco hermanos campesinos asesinados y de solidaridad con los más de 30 heridos de bala y perdigones, algunos de los cuales quedarán lisiados de por vida.
Constatamos que los habitantes de la cuenca del río Ramis desde hace años han venido reclamando pacíficamente ante el gobierno central una acción efectiva frente a la minería semiformal e informal que ha contaminado sus campos, sus animales y sus propias vidas. Al hacer este reclamo ellos están también pidiendo por la salud de todos nosotros, pues esa contaminación llega hasta el lago Titicaca y afecta los alimentos y el agua que consumimos en la región.
El gobierno de Alan García, sin embargo, no tomó en serio estas peticiones, llevó una política pro-minera, no cumplió los pactos acordados y dejó pasar el tiempo hasta que estalló el conflicto, como también ocurrió en Moquegua, Bagua e Islay. Y cuando en medio de la huelga, una turba intentó y en parte tomó el aeropuerto Manco Cápac de esta ciudad, policías de la DINOES y de la USE de Lima, apoyados por militares asentados en Puno, actuaron no en forma disuasiva, sino matonesca y disparando a quemarropa. Ahí fueron heridas y asesinadas incluso personas que no estaban protestando, como don Antonio Campos Huanca (58).
Estas muertes y graves agresiones contra la vida no pueden quedar impunes. Tiene que responder judicialmente el gobierno central, que es lento para dar soluciones y rápido para la represión. También tienen que responder judicialmente la policía y los militares. Los huelguistas y sus dirigentes tienen que asumir sus responsabilidades y revisar autocríticamente su actuación en este fatídico 24 de junio, así como deslindar con infiltrados y provocadores presentes en su reclamo y exigir, previa investigación, sanciones para ellos.
Frente a una situación tan desafiante, reafirmamos nuestra fe en el Dios de la vida, que nos exige cuidarla a cada instante, pues la vida del pobre “es preciosa ante sus ojos” (Salmo 72, 14). Reconocemos la causa justa del pueblo azangarino en su lucha por la descontaminación del río Ramis, que es una lucha por la vida de todos. Como los problemas siguen latentes y el dolor perdura, hacemos un llamado al gobierno central, al gobierno regional, a los gobiernos locales, al sector minero implicado en el problema y al campesinado organizado a deponer actitudes de indiferencia o agresividad para encontrar la mejor solución al conflicto.
La Pachamama, don de Dios, es casa de todos y está destinada para que todos tengamos vida en abundancia (Juan 10, 10). Aunemos esfuerzos para hacer este deseo realidad.
Juliaca, 27 de junio del 2011
P. Luis Jesús López, párroco de Cristo Rey – Juliaca; P. Jorge Huanca, párroco de Santa Catalina – Juliaca; P. Luis Zambrano, párroco de Pueblo de Dios – Juliaca; P. Marcos Degen, párroco de Arapa y Chupa; P. Manuel Vassallo, párroco de San Felipe – Caracoto; Misioneras Dominicas de Puno y Arapa; Hermanas de la Cruz de Chavanod; Comunidades Laicas de Santiago de Pupuja (COMLAS); CONFER Puno – Juli; Hna. Vilda Zamalloa – Juliaca; Fe y Derechos Humanos (FEDERH); Instituto Surandino de Investigación y Acción Solidaria (ISAIAS); Centro de Espiritualidades EMAUS; Casa Don Bosco – Juliaca; Centro de Desarrollo Humano (CEDEH) Centro de Promoción Integral para el Desarrollo Rural (CEPIDER); (CEADMUN); Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza – San Román.
Fuente: SERVINDI
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