Por Josefina Vázquez Mota
(Publicado en 1998 por el periódico El Economista)
El caso Pinochet que ha ocupado espacios importantes en los medios de comunicación mundiales y las manifestaciones encontradas de quienes la apoyan y de quienes fueron víctimas de la crueldad y sufrimiento tanto fuera como dentro de Chile, invitan a la reflexión.
Entre los argumentos más recurrentes de quienes defienden la dictadura de Pinochet son los avances en materia económica que han posicionado a este país como el de más sano crecimiento en América latina y lo han convertido en un ejemplo a imitar por otros países incluido el nuestro, en algunas de sus políticas públicas.
La pregunta entonces es si para tener bienestar y desarrollo se necesita “mano dura” para corregir los principales problemas de nuestro país. La historia parece darnos una clara respuesta al respecto: dictadura no es sinónimo de bienestar económico, ni tampoco es una condición para el desarrollo sostenido de un país. La historia de la década de los 70 en que las dictaduras cobraron fuerza a lo largo y ancho de América Latina, arrojaron en su mayoría nefastos saldos en materia de avance económico y abultados casos de atropellos y violaciones a los derechos humanos. Si hoy los crímenes de Pinochet alarman y remueven heridas que algunos creían ya cerradas, habría que asomarse a ver los saldos de desaparecidos que dejaron los gobiernos militares en Argentina, y que algunos estiman superan los 20, 000. Los casos se repiten en países como Uruguay y en buena parte de las naciones centroamericanas.
La diferencia de estos regímenes, respecto al de Pinochet, es que éste último aceptó desde un principio que requería de otros para manejar la economía de su país y no se adjudicó el poder de alterar las leyes de la oferta y la demanda, como en su momento sucedió en México cuando el presidente Echeverría decidió manejar la economía desde Los Pinos, así fuesen los precios de las tortillas o los controles para la leche.
La economía chilena fue dejada en manos de un grupo de expertos que tuvieron que enfrentar una fuerte crisis a principios de los 80 y sus políticas públicas estuvieron apegadas en general a los principios de una economía de mercado que hasta hoy han tenido continuidad y se han venido reforzando y consolidando con el paso de los años.
Cierto también que los sistemas democráticos resultan insuficientes para garantizar el bienestar, pero la historia también demuestra y de forma contundente que la gran mayoría de países prósperos han tenido como una fuerte aliada a la democracia, a una sociedad protagonista e instituciones sólidas y apegadas a la ley. La dictadura chilena deja grandes lecciones y la historia se está encargando de dar a cada quien su tributo y responsabilidad. Hay otras dictaduras que son más peligrosas porque operan bajo una piel de cordero, por eso cuando hace unos años Vargas Llosa se refirió al sistema político mexicano como la “dictadura perfecta” no se equivocó en su veredicto.
Los avances democráticos han sido notables en México los últimos años, pero el desarrollo económico sigue siendo un privilegio para muy pocos y problemas como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia, podrían hacer pensar a algunos que esa “mano fuerte” es la solución, ante la debilidad evidente de instituciones y los altos costos sociales que millones han venido pagando en condiciones de miseria. Las tentaciones de regresar al pasado están presentes, y también la tentación de probar lo que a otros le ha dado resultado, por eso es importante distinguir que en el caso chileno, lo que dio resultado no fue el poder bajo las botas y el fusil, sino la correcta aplicación de principios y políticas económicas, y es ahí donde debemos empeñarnos y seguir impulsando la democracia que tanto ha costado hasta hoy.
Josefina Vázquez Mota (es economista y Consejera de la COPARMEX).
Fuente: Análisis a fondo
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