Organizaciones indígenas de la selva central denuncian indiferencia, corrupción y abandono del Estado.
Un clamoroso llamado al presidente de la República Ollanta Humala efectuó un conjunto de organizaciones indígenas de la selva central para enfrentar el narcoterrorismo, que se expande inpunemente causando zozobra y malestar entre las comunidades.
El flagelo se incrementa a vista y paciencia de las autoridades en los alrededores de Ciudad Constitución, y se expande por todo el valle del Pichis. Los jefes de las comunidades son conminados a sembrar coca o a facilitar aeropuertos clandestinos bajo amenaza, denuncia la carta abierta.
Las Fuerzas Armadas y Policiales no son de confianza de las comunidades por que éstas son testigo de numerosas acciones negativas “que rayan con la corrupción y el abuso”.
El documento es suscrito por Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI S.C.) y sus federaciones afiliadas: Central de Comunidades Nativas de la selva Central (CECONSEC), Asociación de Nacionalidades Asháninkas del valle del Pichis (ANAP) y Unión Asháninka del Valle de Pangoa (KANUJA).
Asimismo, el Consejo de Comunidades Asháninkas del Valle de Marankiari (CONAVAMSAT), la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Perené (FECONABAP) y la Organización Asháninka del Río Apurímac (OARA).
Se recrudece escenario de violencia
El clima de violencia que se agudizado desde los primeros meses de 2012 provoca zozobra en la población indígena que no puede dejar de recordar los momentos traumáticos vividos en décadas pasadas.
Los ataques narcoterroristas que han causado muertes, heridos y mutilados entre los miembros de las fuerzas armadas y policiales también alcanzó a la comunidad indígena uno de cuyos miembros fue abatido en su calidad de policía indígena.
El incremento masivo de la siembra de coca se realiza en complicidad con grupos armados como Sendero Luminoso que se muestra servil a los intereses del narcotráfico.
Otro factor de acoso y malestar son las operaciones fallidas e ineficaces de las fuerzas armadas y policiales que pretenden derrotar al terrorismo sin el apoyo de los Ovayerite (guerreros) asháninka organizados en comités de autodefensa.
Actualmente, los miembros activos de los comités se encuentran en abandono por parte del Estado y “sirven en condiciones muy deplorables” indica la carta abierta.
El documento reclama que a pesar de los esfuerzos indígenas por responder al llamado del Estado para enfrentar al narcoterrorismo no ha habido hasta ahora ninguna respuesta concreta de las autoridades a los ofrecimientos de colaboración de las organizaciones indígenas.
El ministro del Interior Wilfredo Pedraza se comprometió en analizar una propuesta indígena y mantenerse en comunicación con las organizaciones, pero luego de más de veinte días las organizaciones no han recibido comunicación alguna.
La violencia no ha culminado
Los pueblos indígenas de la selva central fueron una de las grandes víctimas de la violencia que asoló al país en la década de los 80 del siglo pasado. Se calcula que durante los años del conflicto desaparecieron entre treinta y cuarenta comunidades indígenas.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registra cerca de 10 mil indígenas desplazados forzosamente en los valles del Ene, Tambo y Perené, 6 mil indígenas fallecieron y cerca de 5 mil estuvieron cautivos por la agrupación subversiva Sendero Luminoso.
Un pueblo pacífico que se defiende
En 1989 se conformó el Ejército Ashéninka en el Gran Pajonal para combatir a Sendero Luminoso. En diciembre de 1989 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) asesina al Pinkatzari Alejandro Calderón, por lo que, su hijo Alcides Calderón decide restituir los Ovayeri.
Los Ovayeri o guerreros asháninkas fueron puestos al mando de los pirishikos, “últimos depositarios de los invenki de la guerra y las técnicas de combate ancestral” indica el comunicado.
Los Ovayeri del Pichis, tomaron Puerto Bermúdez y desalojaron al MRTA de la zona. Luego se conformaría el Ejército Asháninka de Perené y en 1990 se constituye el Comité de Defensa de Río Tambo.
Por todas esas y otras muchas acciones los indígenas de la selva central han puesto una enorme cuota de sangre y sacrificio en el proceso de pacificación y como tal fue reconocido en el 2008 por el Estado peruano.
Como lo recoge el documento elevado al presidente los indígenas de la selva central son “en esencia un grupo pacificador no beligerante” pues sus acciones “siempre están orientadas restablecer el equilibrio en nuestro pueblo y garantizar así nuestra tranquilidad y seguridad.”
Acceda a la carta con un clic en el siguiente enlace:
- Carta abierta al presidente de la República, Nov. 2012 (PDF, 5 páginas)
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Fuente: Servindi
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