- El intento de imponer un proyecto de ley por encima de la iniciativa elaborada por la sociedad civil ha colocado el tema en la agenda política de Costa Rica.
Por Miguel Medrano Rojas
14 de diciembre, 2013.- En la actualidad existen muchas luchas sociales que debieran ser asumidas por toda la sociedad en su conjunto, una de ellas, y la más importante de todas, es la lucha por el agua; preciado recurso que no es valorado adecuadamente, especialmente por aquellos que tenemos la fortuna de tenerla en nuestros hogares.
La problemática en torno al agua es muy compleja y crítica, de su presencia y abundancia, depende el desarrollo y pervivencia de todo ser biótico, de toda la flora y la fauna existente en el ecosistema, incluso de la vida del hombre y por ende del sostenimiento de nuestras sociedades; de su adecuada distribución y pureza depende el garantizar todos los alimentos que consumimos a diario, sean estos de carácter vegetal o animal.
Es necesario recordar que aproximadamente el 70 % del planeta está cubierto de agua, pero sólo el 2.5 % de este porcentaje es apto para el consumo humano, pues lo restante (97.5%) es agua salada. De este pequeño 2.5 % de agua, el 70% es destinado a la agricultura, el 20% a la industria y sólo el 10 % al consumo humano. He aquí la importancia por velar que su acceso y empleo estén garantizados en beneficio de la sociedad, del hombre (PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua).
Ello no es nada sencillo. Existe hoy en día gran interés por hacer de este recurso un bien comercial, al servicio de grandes empresas e industrias internacionales que lucren y se beneficien de ella a costa de los intereses y la vida de quienes debieran ser sus principales beneficiarios, los pobladores. Intereses que con la complicidad de los actores políticos de las naciones, pretenden privatizar y poner en venta este preciado recurso para su manejo y explotación.
Esto podría estar ocurriendo en estos momentos en Costa Rica, y en muchos otros países del mundo; pues en la actualidad, se viene discutiendo el “adecuado uso de este recurso”, que en el fondo, no sería otra cosa que poner en vitrina el recurso de todos. Cabe señalar que la sociedad civil costarricense, luego de un arduo proceso de consulta, negociación y debate, logró elaborar la propuesta: “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, la cual fue presentada por iniciativa popular el día 9 de junio del 2010. Lamentablemente a la fecha, su debate ha sido paulatinamente postergado, aún a pesar de la presión ciudadana por llevarla a debate y aprobación.
Extrañamente, y pasando por encima de todo procedimiento legislativo, el pasado 12 de diciembre, la Comisión de Ambiente abrió a debate un texto sustitutivo sobre el agua, el cual desvirtúa, y es totalmente contrario, al presentado por la voluntad de los ciudadanos costarricenses; negando de esta manera el derecho ciudadano a presentar iniciativas legislativas que está consagrado por la Constitución Política de este país. Este texto sustitutivo, ha sido promovido por el Ejecutivo a través de Laura Chinchilla, Alfio Piva y René Castro, con la complacencia del diputado Alfonso Pérez, presidente de la Comisión, así como de sus diputados aliados del Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana y Accesibilidad sin Exclusión.
Adicionalmente a estas irregularidades, el presidente de la Comisión y diputado de Liberación Nacional, Alfonso Pérez, realizó una votación para que el proyecto de ley con el texto sustitutivo ocupe el primer lugar de la agenda del día, demostrando así un muy claro, pero sospechoso interés, por dictaminar un proyecto que a todas luces va en contra de la sociedad y en favor de privatizar este recurso vital.
En cambio, la iniciativa popular, lo que pretende, es actualizar la Ley de Manejo de Recurso Hídrico y declarar el agua como de dominio público; “la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, viene a poner orden en el manejo del agua, al definir de manera clara la organización del sector hídrico, aclarando la función de cada uno; designando al MINAE como ente rector, y dando rango legal a los Acueductos Comunales o ASADAS, además de introducir nuevos criterios relativos al manejo del agua en todas sus formas: agua potable, uso industrial, riego, ganadería, generación eléctrica; aguas residuales, negras y contaminadas; superficiales o subterráneas, etc.”.
Esta iniciativa popular llegó a manos del legislativo por medio de la Oficina de Iniciativa Popular el 9 de junio de 2010, a partir de ahí debió tener 730 días hábiles para su votación en Plenario, que con los recesos y vacaciones, vencerían el próximo 4 de mayo, y obligarían a los diputados de la próxima administración (actualmente se encuentran en temporada electoral) a votarlo sin haberlo estudiado antes.
“Sobre el proyecto debo decir que puede ser mejorado. El proyecto está en la Asamblea Legislativa desde el 2010. Se le pudieron hacer mejoras, correcciones, pero las presiones de grupos de interés, quieren sepultarlo, anularlo, cambiarlo”, denunció categóricamente Gad Amit, representante de la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, señaló que: “este texto sustitutivo no respeta la declaratoria de derecho humano al agua, y sienta las bases para la privatización del agua así como para la explotación del recurso hídrico dentro de Zonas Protegidas. Además, no delega la responsabilidad rectora del tema a una entidad en específico, sino que lo distribuye en varias instancias, como ha funcionado hasta el momento, y lo que le ha significado al país una inexistente rendición de cuentas sobre la gestión en el área”.
La amenaza inminente está en que este nuevo texto sustitutivo tendría que ser dictaminado el próximo lunes 16 de diciembre, sin que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa lo haya estudiado de manera seria, y sin que la ciudadanía, organizaciones ambientales e institucionales, puedan pronunciarse sobre los cambios de fondo aplicados al proyecto de iniciativa popular elaborado sobre la base de amplios concesos de la sociedad civil.
Nos parece preocupante la forma y el momento político en que se pretende modificar y acelerar el trámite de la misma, precisamente ahora que se está viviendo el final de un periodo gubernamental y todos los actores políticos se encuentran en plena campaña electoral; ante ello el peligro de aprobarse leyes con nombre propio y en contra de los intereses de esta nación es latente.
Desde el Perú hacemos un llamado a la comunidad internacional, pero sobre todo a los propios costarricenses, a defender el derecho al libre acceso a uno de los principales recursos que sustentan la vida, el agua. En cualquier parte del mundo, el destino de la vida humana no puede descansar en la voluntad y el designio de unos pocos, es necesario sumar esfuerzos y voluntades por hacer prevalecer nuestros intereses y nuestros derechos.
¡El agua no es una mercancía, el agua es de todos!
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Referencias:
Diario El País, de Costa Rica:
Otras noticias:
Fuente: Servindi
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