“El retorno del miedo” fue el repudiado titular de un diario chileno el martes, en alusión a la explosión en Santiago producida un día antes. La querella presentada por el Gobierno -sustentada en la Ley Antiterrorista- también exaltó la idea de una amenaza violenta contra el pueblo chileno sin nombre, sin forma y sin motivo explicitado.
Los fantasmas de la “inseguridad” y el “terrorismo” volvieron a ganar terreno en el país suramericano de la mano de los apologistas del endurecimiento de las normas represivas. En nombre de la “seguridad pública” al gobierno de Michelle Bachelet, anunció que modificará la Ley Antiterrorista, la Ley de Inteligencia y aprobará una Ley de Control de Armas y Explosivos.
“Vamos a aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables (…) No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de la gran mayoría”, sostuvo la presidente Michelle Bachelet luego de la reunión del Consejo Operativo de Seguridad convocado tras la explosión en Santiago.
La defensa de la “seguridad pública” anunciada por Bachelet, fue la salida al escenario de “temor” propagado por las corporaciones mediáticas durante la jornada del lunes y martes. Políticos de la derecha opositora, funcionarios del gobierno actual y especialistas varios desfilaron ante cámaras y redacciones con citas similares: “inseguridad”, “terrorismo”, “atentado”, “anarquistas” y “miedo” se resaltaron en destacados cuando aún ningún grupo se adjudicó la autoría, ni se conocen motivos de la explosión.
Desde una crónica del diario chileno El Ciudadano, se esgrimió el interrogante: ¿A quién benefició la explosión?”. El medio ensayó respuestas y elaboró una advertencia: “Lo más probable es que este hecho sirva de justificación política al aumento de la represión y a la intervención de los movimientos sociales. La política del garrote tiene campo abierto para caer sobre cualquiera, y por sobre todo, sobre todo aquel que se ajuste al estereotipo del “joven antisistema” o de la “organización ultraizquierdista””.
En esa línea, las posibles respuestas al interrogante, también remiten a la instauración del miedo a través de las bombas como un método sistemático de la derecha para derrocar el gobierno de Salvador Allende, con Patria y Libertad como emblema del golpismo.
En ese marco, el titular del diario La Segunda es testimonio de la preparación del escenario para las políticas de “seguridad” de perfil policial en el país suramericano: su titular en tapa “El retorno del miedo” fue repudiado como “irresponsable” y promotor del temor, según calificó la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares.
“Puede incluso aportar al objetivo de quienes realizan actos terroristas”, agregó. La portada también anunciaba un artículo titulado “Cuatro expertos analizan como enfrentar el temor”. A ello podrían anexarse las diversas declaraciones de representantes de la oposición de derecha como Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que pidieron el endurecimiento de la Ley Antiterrorista.
Hoy, en Chile, la “política del garrote” cuenta con una herramienta como la Ley Antiterrorista heredada de la Dictadura pinochetista que fue invocada por el Gobierno nacional para presentar la querella por la explosión, bajo el argumento de que “buscaba promover el temor en la población”.
Mientras diversas organizaciones políticas y sociales luchan por su derogación desde hace años, Bachelet la ratificó y anunció el martes que la modificará, al igual que a la Ley de Inteligencia. Si bien no precisó detalles, sostuvo que tenía “vacíos legales” que dificultaban “una respuesta más eficaz” contra los “grupos reducidos de terroristas”.
Las nuevas “medidas de seguridad pública” les fueron asignadas a los representantes de las carteras de Seguridad Pública, Justicia, Prevención del Delito, Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros y de Policía de Investigaciones, que estaban en el Consejo Operativo de Seguridad.
Los Carabineros “movilizarán a todo su personal disponible” y ocuparán los espacios públicos; la policía y fiscales “tendrán mayores atribuciones”, por ejemplo “en materia de agentes encubiertos”; y la Agencia Nacional de Inteligencia afianzará la coordinación con Investigaciones, los ministerios y el Poder Judicial; según la información brindada por el Ministerio del Interior.
Fuente: Nuestra América
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